Real Decreto Antidesahucios: el caso de Maricarmen

El Real Decreto Antidesahucios vuelve a estar en el centro del debate sobre la vivienda en España tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas, que siempre había pagado su alquiler.

Según el comunicado suscrito por Oxfam Intermón y otras organizaciones, Naciones Unidas había establecido medidas cautelares para suspender el lanzamiento. El texto sostiene además que desahuciar a una persona vulnerable sin alternativa habitacional es ilegal y denuncia que esas medidas no se cumplieron.

El caso de Maricarmen no se presenta como un hecho aislado. Forma parte de un problema más amplio: la crisis de la vivienda, el esfuerzo económico que supone pagar un techo y la falta de medidas suficientes para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué ha ocurrido con Maricarmen?

Maricarmen tiene 87 años, utiliza silla de ruedas y, según la información facilitada, siempre había pagado su alquiler.

Pese a ello, ha sido desahuciada de la que era su vivienda de toda la vida. El comunicado de las organizaciones adheridas atribuye esta expulsión a un sistema que antepone los intereses especulativos de un fondo de inversión al derecho de Maricarmen a permanecer en su hogar.

El mismo texto considera que el desahucio vulnera los derechos humanos porque Maricarmen es una persona con discapacidad, no dispone de recursos para afrontar una alternativa habitacional y se encuentra en un contexto de elevados precios del alquiler.

Las organizaciones señalan también que existían medidas cautelares de Naciones Unidas para suspender el lanzamiento.

Su caso pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando una persona vulnerable se enfrenta a un desahucio sin que exista una alternativa habitacional?

¿Qué es el Real Decreto Antidesahucios que reclamamos?

Desde Oxfam Intermón proponemos la aprobación de un Real Decreto Antidesahucios que impida que las personas en situación de vulnerabilidad sean desahuciadas cuando no se haya garantizado previamente una alternativa habitacional.

Esta es una de las medidas que hemos trasladado a los diferentes grupos políticos y administraciones dentro de nuestro trabajo sobre vivienda y desigualdad.

La protección frente a los desahucios de personas vulnerables no parte de cero. Durante 2025 estuvo vigente una suspensión extraordinaria de determinados procedimientos de desahucio y lanzamiento para hogares en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.

Esta protección se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2025. A finales de ese año se aprobó una nueva prórroga, pero el Congreso rechazó en enero de 2026 el decreto que la incluía. Con ese rechazo decayó la moratoria que protegía frente a determinados desahucios a personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Este es el contexto en el que desde Oxfam Intermón se reclama un nuevo Real Decreto Antidesahucios que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad no sean desalojadas sin una alternativa habitacional.

La propuesta parte de una idea sencilla: una situación de vulnerabilidad no debería terminar dejando a una persona sin un lugar digno donde vivir.

Según la información facilitada, desde la caída de la moratoria antidesahucios en enero no existe una medida que proteja a las familias vulnerables en estas circunstancias.

El documento señala también que el Gobierno de España tiene paralizado desde hace meses un decreto que podría recuperar el escudo social mediante nuevas moratorias de desahucios y prórrogas obligatorias del alquiler.

¿Por qué el caso de Maricarmen se relaciona con este Real Decreto?

Porque, según nuestra propuesta, el Real Decreto Antidesahucios debería impedir precisamente que una persona en situación de vulnerabilidad sea desahuciada sin que se haya garantizado una alternativa habitacional.

En la petición por una vivienda digna y asequible señalamos que, de haber estado vigente esta norma, desalojos como el de Maricarmen no se habrían producido.

La protección frente a estos desahucios estuvo vigente hasta finales de 2025, pero decayó después del rechazo parlamentario de enero de 2026.

El caso permite poner rostro a un problema que afecta a muchos hogares. No hablamos únicamente de poder pagar un alquiler o una hipoteca. Hablamos también de seguridad, estabilidad y de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida sin vivir con miedo a tener que abandonar el hogar por motivos económicos.

Las responsabilidades que señalan las organizaciones

El comunicado al que se han adherido Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Confederación Sindicato de Inquilinas, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Observatorio DESCA, Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) y UGT sostiene que el desahucio de Maricarmen es consecuencia de un fracaso de distintas instituciones.

En concreto, el documento atribuye responsabilidades a:

• PP, Vox y Junts, por haber tumbado en enero el Real Decreto que, según el comunicado, habría impedido el desahucio de miles de personas vulnerables como Maricarmen.
• El Gobierno central, por llevar meses retrasando la aprobación de un nuevo Real Decreto de protección frente a la especulación de los fondos de inversión.
• La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, porque, según el texto, no plantearon alternativas residenciales para Maricarmen.
• La Justicia y el Ministerio del Interior, a quienes las organizaciones reprochan no haber dado cumplimiento a las medidas cautelares de Naciones Unidas para suspender el lanzamiento.

El comunicado también critica el dispositivo policial utilizado durante el desahucio, su actuación frente a las personas que protegían a Maricarmen y las dificultades denunciadas para que los medios de comunicación ejercieran su labor.

Maricarmen y una crisis de vivienda que va mucho más allá

El problema de los desahucios se produce dentro de una crisis de vivienda que afecta de maneras distintas a una parte importante de la población.

El desahucio de Maricarmen tampoco fue el único que se produjo ese día en Madrid. David y su hijo de 21 años fueron desahuciados de su vivienda en Vallecas, después de que un fondo de inversión adquiriera el bloque en el que vivían. David pagaba 400 euros mensuales y, según el Sindicato de Inquilinas, no recibió una opción de compra ni de alquiler para poder permanecer en su casa.

Son situaciones diferentes, pero ambas muestran cómo la crisis de vivienda puede terminar expulsando a personas de sus hogares y ayudan a entender por qué la protección frente a los desahucios forma parte del debate actual sobre vivienda en España.

Los datos recogidos en la campaña de Oxfam Intermón muestran el esfuerzo económico que supone hoy mantener una vivienda:

• El 85 % de las personas que viven de alquiler destina más de un tercio de sus ingresos a pagarlo.
• Una de cada tres personas inquilinas dedica más del 50 % de su sueldo a la vivienda.
• El 61 % de las personas que vive de alquiler no consigue ahorrar después de pagarla.
• Una de cada tres personas tuvo que mudarse durante el último año porque no podía costear el alquiler.
• El 14 % de las personas sin vivienda en propiedad cree que podrá comprar una en el futuro.
• El 19,2 % de la población no pudo pagar suministros básicos durante el último año.

Los últimos datos disponibles también muestran un aumento de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual. En el segundo trimestre de 2026 se registraron 3.703, un 27,5 % más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta registrada en nueve años.

Es importante distinguir estas ejecuciones hipotecarias de los desahucios: iniciar una ejecución hipotecaria no significa necesariamente que termine produciéndose un lanzamiento. Aun así, el dato muestra la presión económica que está afectando a numerosos hogares.

La vivienda afecta así a muchas otras partes de la vida.

Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte tan grande de los ingresos, muchas personas se ven obligadas a renunciar a ahorrar, independizarse, desarrollar proyectos vitales o asumir con tranquilidad otros gastos.

También puede significar renunciar a cuestiones tan básicas como encender la calefacción o llenar la nevera.

Porque tener un techo no siempre significa tener estabilidad.

La vivienda en España también está aumentando la desigualdad

Desde Oxfam Intermón consideramos que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad de nuestra sociedad.

Mientras algunas personas pueden acumular viviendas como inversión, otras tienen grandes dificultades para acceder a una vivienda en la que vivir.

Además, el acceso a una vivienda también condiciona la capacidad de ahorrar. A igualdad de ingresos, vivir de alquiler puede limitar mucho más esa capacidad.

Por eso, el acceso a la vivienda depende cada vez más no solo del salario o del trabajo, sino también del patrimonio previo y del contexto familiar.

La consecuencia es una brecha entre quienes pueden afrontar el coste de una vivienda manteniendo cierta estabilidad económica y quienes deben dedicar una parte muy elevada de sus ingresos únicamente a pagar un techo.

Puedes consultar nuestra investigación sobre vivienda y desigualdad.

También puedes ampliar información sobre la crisis de vivienda y desigualdad en España.

¿Qué proponemos desde Oxfam Intermón?

La crisis de la vivienda no es inevitable. Las políticas públicas pueden intervenir sobre las condiciones que están dificultando el acceso a una vivienda digna, estable y asequible.

Desde Oxfam Intermón hemos planteado diferentes propuestas a los grupos políticos y las administraciones.

Aprobar un Real Decreto Antidesahucios

Proponemos impedir el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad cuando no se haya garantizado una alternativa habitacional.

Prorrogar determinados contratos de alquiler

Proponemos un Real Decreto que prorrogue de manera extraordinaria durante dos años los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzca entre 2026 y 2027.

Según el material facilitado, entre este año y el próximo vencerán más de un millón y medio de contratos de alquiler.

Proteger a las personas inquilinas

Planteamos aumentar la duración de los contratos, regular los precios y limitar las exigencias abusivas.

Aplicar la Ley de Vivienda

Pedimos que el Gobierno central active las herramientas estatales previstas en la ley, que las comunidades autónomas declaren y apliquen zonas tensionadas y que los ayuntamientos impulsen su correcta delimitación y cumplimiento.

Poner límites a la especulación

Proponemos revisar las ventajas fiscales y frenar la compra de viviendas destinada a fines especulativos.

Aumentar la vivienda pública y asequible

Defendemos un aumento de la inversión pública en vivienda con el objetivo de acercarse a la media europea.

Frenar el abuso del alquiler turístico y de temporada

Entre las propuestas se encuentra penalizar el uso turístico de viviendas y fomentar el alquiler residencial asequible.

Impulsar una fiscalidad justa

Planteamos una fiscalidad vinculada al uso real de la vivienda, de manera que se favorezca a quienes ponen sus viviendas en alquiler a precios asequibles o buscan acceder a su primera vivienda.

Promover otros modelos de vivienda

También defendemos modelos alternativos como las cooperativas, que prioricen el derecho a vivir por encima del beneficio económico.

En Oxfam Intermón trabajamos por el derecho a la vivienda

En Oxfam Intermón trabajamos para conseguir que el derecho a una vivienda digna sea una realidad. Investigamos cómo los problemas de acceso a la vivienda están aumentando las desigualdades y planteamos medidas para conseguir una vivienda asequible, digna y estable.

El caso de Maricarmen vuelve a poner en primer plano una de esas propuestas: garantizar que una persona en situación de vulnerabilidad no sea desahuciada sin disponer de una alternativa habitacional.