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Son muchas las conversaciones que se dan cada día en nuestras casas, en las calles, en los centros de salud o en el trabajo. Conversaciones sobre cómo solicitar la dependencia para una madre, un padre, una pareja o una persona querida. Sobre la carrera de obstáculos administrativa que supone iniciar el trámite y sobre la incertidumbre de no saber cuándo llegará una respuesta. Angustia por esas ayudas que tardan meses o años en resolverse e impotencia por esos cuidados que muchas veces llegan tarde, o no llegan.
Por eso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada en el Congreso va más allá de una modificación normativa. Representa una oportunidad para fortalecer el sistema de cuidados y avanzar en el reconocimiento efectivo de derechos para millones de personas.
Una reforma que debe traducirse en derechos
Desde Oxfam Intermón celebramos esta reforma porque constituye un avance relevante en la ampliación de derechos. Reforzar el derecho a la autonomía personal, promover modelos de vida independiente y comunitaria, avanzar hacia la desinstitucionalización, ampliar servicios y prestaciones, y simplificar procedimientos administrativos son cambios necesarios y largamente reivindicados por la sociedad civil.
Pero conviene decirlo con claridad desde el principio: el verdadero éxito de esta reforma no se mide por su aprobación parlamentaria, sino por su aplicación efectiva. Esta reforma transformará vidas cuando logre reducir radicalmente los 314 días de media que actualmente existen entre la solicitud de la dependencia y la resolución de prestación, ofrezca respuesta a las 142.887 personas que lidian con la falta de apoyos por encontrarse en lista de espera, y, entre otras, elimine el copago para que realmente el derecho al cuidado sea universal, independientemente de dónde vivan o de sus recursos económicos.
Un nuevo enfoque para entender los cuidados
Uno de los aspectos más positivos de esta reforma es precisamente que cambia el enfoque desde el que entendemos los cuidados. Durante demasiado tiempo, la dependencia y la discapacidad se han abordado desde una lógica asistencial. Esta reforma supone un paso importante hacia un enfoque de derechos que apela al cumplimiento por parte de las distintas administraciones públicas que entran en juego.
Este cambio resulta especialmente relevante en un contexto demográfico y social como el actual. La esperanza de vida se extiende y eso es un logro, a la vez que afortunadamente el modelo tradicional de familia que abocaba a las mujeres al cuidado no remunerado y, por tanto, a la pérdida de derechos, se está transformando, pero es clave no sustituirlo por la precarización de las profesionales que trabajan en el sector.
Los derechos de quienes cuidan
Y en este sentido, debemos reconocer que la reforma deja algunas tareas pendientes. Entre ellas, una especialmente importante: los derechos de quienes cuidan.
Durante décadas, el sistema de cuidados ha descansado de manera desproporcionada sobre los cuerpos de las mujeres, en condiciones de invisibilidad, precariedad y sobrecarga. Aunque la reforma incorpora avances para las personas en situación de dependencia y discapacidad, todavía no garantiza suficientemente los derechos de las personas cuidadoras no profesionales ni de las trabajadoras del hogar y los cuidados.
No habrá un sistema de cuidados digno sin empleo digno. La apuesta por reforzar la atención domiciliaria y comunitaria debe ir acompañada de medidas que promuevan la formalización del empleo, la profesionalización del sector, la mejora de las condiciones laborales y la participación de las organizaciones de trabajadoras en el diseño de las políticas públicas.
El estudio previsto en la reforma sobre la contratación directa de trabajadoras del hogar puede ser un primer paso, pero deberá convertirse en una hoja de ruta concreta que acabe con la precariedad que supone que sea un colectivo en el que la temporalidad sea el doble que en el resto de personas trabajadoras (23,9% frente al 15,95%), la parcialidad se cuadriplique (58,84% frente a 13,57% en el resto), exista un 32% de informalidad que se traduce en falta de acceso a derechos laborales, y el salario se reduzca a la mitad, tal y como indicábamos en nuestro informe Trabajo invisible y cuerpos rotos.
El papel decisivo de la sociedad civil
También es importante recordar que los avances que hoy celebramos no son el resultado exclusivo de la voluntad política. Son, ante todo, fruto de años de movilización, incidencia y trabajo colectivo de organizaciones sociales, plataformas ciudadanas, personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, sus entornos, y las personas cuidadoras.
La sociedad civil ha desempeñado un papel decisivo para situar estas demandas en la agenda pública. Desde la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna de la que formamos parte, y a través de nuestra campaña "Ley de Dependencia y Discapacidad: exige un sistema digno y justo", que ha obtenido el respaldo con cerca de 25.000 firmas, hemos contribuido a visibilizar la necesidad urgente de transformar nuestro modelo de cuidados.
Un punto de partida para transformar los cuidados
Que se haya aprobado la reforma de la Ley de la Dependencia y la Discapacidad es un hito importante. Pero no debería entenderse como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Una ley que avance hacia la construcción de un sistema público integral de cuidados, que reconozca el cuidado como un derecho, supondrá el verdadero éxito colectivo.
Porque al final esta reforma habla de algo profundamente humano: nuestra capacidad para construir una sociedad que garantice que todas las personas podamos vivir con dignidad a lo largo de nuestras vidas.
